Cuan «mero enjabonado», el escurridizo abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, logró que el Juez Penal difiriera por quinta ocasión la audiencia inicial de imputación en su contra por el delito de abuso de autoridad, ilícito por el que ya fue vinculado a proceso su coacusado, el Rector Jesús Madueña Molina.

Dentro de la causa penal 858/2023, Robespierre Lizárraga Otero acudió este jueves 7 de septiembre al Juzgado Penal y durante la audiencia sus abogados Alfonso Carlos Ontiveros Salas y su hijo Alfonso Carlos Ontiveros Elguezábal, solicitaron diferir por quinta vez dicha audiencia.

Los abogados justificaron que los 2 días que había concedido el martes 5 de septiembre para analizar un nuevo tomo que les entregó la Fiscalía, era tiempo insuficiente para analizar todas las fojas que se incluyen en dicho legajo judicial, por lo que insistieron en reprogramar la audiencia.

Alfonso Carlos Ontiveros Elguezábal acusó al mismo Juez que no había atendido los acuerdos de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al no otorgarles el tiempo necesario para una defensa adecuada, y no solamente para leer, sino analizar todas las constancias de dicho tomo que apenas 2 días antes habían recibido de parte de la Fiscalía.

El agente del Ministerio Público justificó en contraparte, que las actuaciones que comprenden el nuevo tomo incluyen 2 amparos promovidos por la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, en los cuales, el imputado Robespierre Lizárraga Otero conoce perfectamente su contenido, ya que él aparece como promovente de los mismos amparos ante las autoridades federales.

Sin embargo, los abogados defensores de Lizárraga Otero rechazaron que ellos como defensa tengan conocimiento de dichos amparos, y que si su cliente conoce o no dichos documentos, eso no los excluye de que deben analizar el contenido de los mismos, ya que el acusado no puede defenderse solo.

El Juez Adán Alberto Salazar Gastélum decidió reprogramar para una sexta audiencia para el próximo 21 de septiembre de 2023, en la cual se efectuará la imputación contra Lizárraga Otero por el delito de abuso de autoridad.

5 VECES SE HA «ESCURRIDO» DE LA IMPUTACIÓN

La de este 7 de septiembre fue la quinta ocasión en que Robespierre Lizárraga evita ser vinculado a proceso por diversos artilugios legales y hasta por «enfermedad», que han sido parte de su estrategia dilatoria del procedimiento.

La primera audiencia programada en esta causa penal fue el 14 de julio para la la formulación de imputación, pero la defensa de los dos acusados argumentó que no tenía las copias de la carpeta y Robespierre Lizárraga se reportó enfermo de supuesta neumonía, por lo que fue reprogramada para el 18 de agosto.

El 18 de agosto, los abogados de los acusados argumentaron que les faltaban 2 discos compactos que forman parte de la carpeta y el juez decidió diferirla para el 21 de agosto.

En la audiencia del 21 de agosto, el abogado defensor de Robespierre Lizárraga Otero se reportó enfermo de una supuesta crisis de hipertensión, por lo que el Juez concedió diferir la audiencia, sólo para él, para el día 5 de septiembre.

Sin embargo, esa audiencia para el Rector Jesús Madueña Molina sí se celebró, teniendo una duración de 12 horas, en la que finalmente el Rector fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.

El pasado 5 de septiembre, nuevamente el abogado defensor de Robespierre Lizárraga argumentó en la audiencia que no tenía completa la carpeta de investigación y solicitaron diferirla, por lo que se reprogramó para el jueves 7 de septiembre.

Este jueves 7 de septiembre, la historia fue la misma y la justificación fue nuevamente ue no tuvieron el tiempo suficiente para analizar todo el nuevo tomo entregado por la Fiscalía y el Juez determinó por quinta vez diferir la audiencia para el 21 de septiembre.

En esta causa penal 836/2023, el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el abogado general de la Universidad, Robespierre Lizárraga Otero, fueron acusados del delito de abuso de autoridad al impedir en reiteradas ocasiones a someter a la UAS a una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), con el argumento que esta institución no tiene facultades legales para fiscalizar los recursos estatales y los recursos propios de la Universidad.

En este juicio, solamente falta Robespierre Lizárraga para que se defina su situación jurídica, que podría ser el 21 de septiembre, si no anteponen otro pretexto o argucia legal para volverla a diferir y seguir su estrategia dilatoria del proceso.