Griselda Triana, Consejera del Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa denunció que la dirección de dicho organismo recién creado propuso tener altos salarios y una nómina “inflada” para iniciar operaciones, priorizando sus ingresos antes que la prevención y las medidas de protección a las víctimas.

A través de sus redes sociales, la esposa del extinto periodista Javier Valdez Cárdenas, señaló que ella votó en contra del presupuesto 2023 que propone la Directora General de este organismo encabezado por Jhenny Judith Bernal Arellano.

Triana ventiló que la titular del organismo creado hace apenas el 26 de julio de 2022 pretende beneficiar con altos salarios y una nómina inflada antes que priorizar la prevención y medidas de protección.

En un post difundido en Facebook, Griselda Triana menciona que después de conocer de primera mano cómo operan otros mecanismos y/o unidades de protección en otras entidades del país y el alto número de casos que atienden, se manifestó en contra de que este Instituto opere con coordinaciones que requieran de sub-coordinaciones y, a su vez, éstas con unidades y el demás personal que se requiera.

“Soy una persona convencida de que el Estado no debe escatimar recursos para estos mecanismos, pero no solaparé que gracias a ellos se abuse y se destinen a privilegios que serían ofensivos para la mayoría de periodistas que desarrollan su labor en condiciones precarizadas en este país”, citó.

Puntualizó que un mecanismo o un instituto no es para hacer relaciones públicas ni para recibir favores, sino que un mecanismo como el de Sinaloa se debe a la prevención y protección y no se debe perder de vista.

Trascendió que en total fueron 3 de los 6 consejeros los que votaron en contra de la propuesta de salarios y de la nómina “abultada”. Se trata de los periodistas Rosina Ávila, Alberto Morones Rivas y Griselda Triana.

De acuerdo a la propuesta de la Directora General, Jhenny Judith Bernal Arellano, se autopropone un salario mensual bruto por 60 mil pesos, así como otros 12 cargos con salarios de entre 25 mil, 20 mil, y el menor, de 17 mil pesos.

Por su parte, el también Consejero, Alberto Morones Rivas, denunció que esta propuesta de “sueldazos” y de organigrama tiene una intención “chambista” y solamente contempla un 20.74% de su presupuesto para medidas de protección y seguridad de las víctimas.

Advirtió que no serán “comparsas de este órgano público autónomo.

LA NÓMINA DE JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO