Por segunda ocasión, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, fue denunciada por 3 policías municipales por falsear informes y de fabricar hechos por probables presiones e influencias del regidor del Partido Sinaloense (PAS), Carlos Valle Saracho, quien protagoniza un segundo escándalo de este tipo.

El primer caso fue el de la agente Dignora Valdez López, quien fue cesada con pruebas falsas y alteradas, sin darle el derecho a la defensa.

Finalmente, la baja fue desechada, tras la intervención de grupos femenistas y la condena pública del gobernador, Rubén Rocha Moya a la política del “garrote” que aplica el alcalde, Gerardo Vargas Landeros.

El oficial y jefe del Cuadrante 1, Roberto Valenzuela Lora, denunció que fue degradado a vigilante de punto por parte de la Comisión de Honor y Justicia, aceptando como prueba válida un parte informativo que él no firmó y no elaboró para incriminar en hechos no comprobados a los policías Ramsés Robles Chávez y Norberto Higuera Gastélum, implicados en el supuesto robo en agravio de un residente de esta ciudad.

Valenzuela Loera sostuvo que el regidor Valle Saracho aparentemente manipuló las pruebas para afectarlos laboralmente, ya que resultó ser “muy allegado” a la parte acusadora.

“El señor llegó alterado y gritando que soltaran al muchacho, en hechos sucedidos a las afueras de un bar”, nrró el agente Valenzuela Lora.

Después del incidente, aparecieron acusaciones de robos y la CHyJ de la policía actuó por las presiones del edil.

El abogado, José Luis Polo Palafox dijo que la dependencia terminó convertida en una institución de deshonor e injusticia por la intromisión de un regidor que por caprichos y apetitos personales pretende perjudicar a terceros, advirtiendo que él defenderá a los agentes afectados.

Polo Palafox pidió la depuración de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación, órgano interno encabezado por Francisco Arias Ruano, Joel Godoy Corrales y Héctor Javier López Tostado, quienes desde noviembre de 2021 fueron contratados por el mismo Alcalde, Gerardo Vargas Landeros, para integrar dicha Comisión, con un sueldo mensual de 17,000 pesos cada uno.

Luego de la denuncia pública, el abogado y los policías se entrevistaron con el secretario de la policía, Julio César Romanillo, y éste les prometió que el caso sería analizado supuestamente con imparcialidad.