El proceso de elección del próximo Fiscal General de Sinaloa es un circo, maroma y teatro en el que envolvieron a muchos abogados y los engañaron haciéndoles creer que era un procedimiento imparcial, sin embargo, hoy queda claro que hay «línea» en favor de la jueza en retiro, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Ricardo Beltrán Verduzco, Presidente de la Asociación Mexicana de Abogados, dijo estar convencido de que se trata de una simulación orquestada desde el mismo Gobernador, Rubén Rocha Moya; el Secretario General de Gobierno, en contubernio con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) que recibió «línea» en favor de Sara Bruna Quiñónez Estrada.

«El propio Gobernador lo dijo de que traía una directriz de que quería a una persona que combatir los índices de impunidad y que ya tenía a su favorita», refirió el abogado.

Señaló que el CESP tiene un trabajo «gris», un trabajo que nadie conoce y que su Coordinador General, Ricardo Jenny del Rincón, sólo se «aparece» en este tipo de escenarios.

Por su parte, Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Barras y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, indicó que el CESP está integrado por consejeros designados por el Gobernador y dependen del Gobierno del Estado, lo que genera suspicacias de que no están operando de manera independiente y generan dudas de que el proceso de elección del próximo Fiscal General es simulado.

Sostuvo que la elección de del próximo titular de la Fiscalía es una decisión política que fue tomada desde que el Gobernador le pidió la renuncia al entonces Fiscal Juan José Ríos Estavillo, quien aún no concluía su periodo constitucional en el cargo.

Dijo que la «cargada» hacia Sara Bruna Quiñónez es evidente ya que la Jueza en retiro es compañera de Enrique Inzunza Cázarez, Secretario General de Gobierno, quien busca concentrar todo el poder desde el Poder Ejecutivo, imponiendo su «fuerza» en el Gobierno del Estado sobre el Poder Judicial, en Poder Legislativo y ahora la Fiscalía General del Estado.

Hizo un llamado a realizar una revisión sobre la legislación del CESP y hacer una reforma para cambiar la forma de elegir al Fiscal.

Los líderes de las organizaciones de abogados advirtieron que serán ellos quienes estarán organizándose para vigilar la decisión que se tome en torno al próximo Fiscal General.