Enrique Inzunza Cázarez, quien hasta hoy se desempeñó como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE) y titular del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, será el próximo Secretario General de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya.

El Gobernador Electo de Sinaloa anunció esta mañana que Inzunza Cázarez, también originario de Badiraguato, ocupará el segundo cargo más importante dentro del Gabinete del Gobierno del Estado para el periodo 2021-2027.

Este mismo martes 17 de agosto, Inzunza Cázarez anunció su retiro voluntario del Poder Judicial, luego de permanecer más de 24 años en la administración pública, de los cuales 12 años y 10 meses fue magistrado.

Enrique Inzunza Cázarez dejará el Supremo Tribunal de Justicia, luego de que el pleno aceptó su retiro para ser el próximo Secretario General de Gobierno en la Administración de Rubén Rocha Moya.

La aceptación de su retiro voluntario fue enviada al Congreso local, pues hasta que la Cámara lo apruebe sigue siendo el Presidente del Judicial.

Una vez que el Poder Legislativo lo apruebe, habrá vacante al cargo de la Tercera Magistratura, cuyo propietario es Inzunza Cázarez, así como de la Presidencia. Al mismo tiempo el Pleno del Supremo Tribunal deberá sesionar para elegir a nuevo presidente o presidenta de entre sus miembros.

LA “MANCHA” EN SU CARRERA

En el año 2018, Inzunza Cázarez se vio involucrado en una acusación en su contra por una supuesta agresión en grado de acoso en agravio de una mujer funcionaria del mismo Supremo Tribunal de Justicia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Aun siendo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, posteriormente recibió el perdón de la persona supuestamente ofendida que lo había acusado de agresión en grado de acoso y, que lo denunciara en junio de 2018.

La unidad especializada en violencia contra las mujeres, la familia y grupos en estado de vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado determinó la extinción de la pretensión punitiva por perdón de la persona ofendida en la carpeta de investigación iniciada contra el titular del Poder Judicial del Estado.

Con dicha determinación del Ministerio Público, se dejó sin efecto jurídico las acusaciones interpuestas por una funcionaria del Poder Judicial adscrita al sur de Sinaloa.