Al incurrir en una omisión de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, al poner a disposición de particulares el nuevo estadio de futbol de Mazatlán, construido con recursos públicos, y sin antes pedir autorización al Congreso del Estado, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel mantiene su postura de hacerse el «sordo» y se resiste a informar al Congreso del Estado sobre la ocupación del estadio que costó cerca de 700 millones de pesos.

Y es que desde hace más de 20 días, los diputados Marco Antonio Zazueta y Yeraldine Bonilla Valverde, presidentes de las comisiones legislativas de Fiscalización, y Juventud y Deporte, solicitaron por escrito al Gobernador del Estado información sobre la forma en que se «negoció» la ocupación por parte de particulares del nuevo estadio donde el 27 de julio iniciará a jugar el equpo Mazatlán FC.

A la fecha, el Mandatario no ha respondido a los diputados, quienes además ya solicitaron información a los secretarios de Obras Públicas y Administración y Finanzas, sobre la construcción, concesión, convenio o comodato, realizado con los propietario de un equipo de futbol profesional.

Los diputados de Morena señalaron que el gobernador Quirino Ordaz Coppel incurrió en omisión de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, al poner a disposición de particulares el nuevo estadio de futbol construido con recursos públicos, sin antes pedir la autorización al Congreso del Estado.

Desde mayo de 2020, Quirino Ordaz Coppel anunció públicamente la llegada del equipo Mazatlán FC (antes Monarcas Morelia) y la ocupación del estadio de futbol, sin embargo, se «brincó» y no hizo del conocimiento del Poder Legislativo.

El artículo 25 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios establece que la enajenación de bienes estatales ya sea por venta, permuta, cesión u otro título, requiere para su validez la aprobación del Congreso del Estado, además de que la Constitución local señala que es facultad del Poder Legislativo fijar las bases para las concesiones que otorgue el Poder Ejecutivo.

Ante la omisión sistemática de informar sobre el estadio al Congreso, los diputados podrían citar a comparecer a los funcionarios involucrados en la construcción, concesión o comodato del estadio a particulares, entre ellos a los secretarios de Obras Públicas y el titular de Administración y Finanzas.

A la fecha, ni el Gobernador ni ningún ente de Gobierno del Estado ha informado públicamente sobre la forma jurídica, los términos específicos o el título legal en que se «negoció» la cesión hacia los empresarios del Grupo Salinas del estadio de 700 millones de pesos del erario de los sinaloenses.