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LIBERA JUEZ A CARLOS CASTRO, ACUSADO DE COMPRA DE COLCHONES “PODRIDOS”

Carlos Castro Olivas, Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado fue liberado por el Juez de Control que hoy celebró la audiencia inicial contra el funcionario del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel implicado en la compra de los cerca de 2,000 colchones “podridos” en una suma de 2 millones 970 mil pesos y que fueron entregados a los afectados de las inundaciones en Culiacán.

En la audiencia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa formuló imputaciones en contra de el ex funcionario de Quirino Ordaz Coppel, a quien se le acusa de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, como posible responsable de actos irregulares en el manejo de los recursos asignados para la atención de los damnificados por la contingencia que ocasionó la Tormenta Tropical 19-E, el mes de septiembre pasado.

En audiencia inicial ante el juez de control y enjuiciamiento penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, radicados bajo la causa penal 1115/2018, sin embargo, el juez consideró que el acusado podía seguir el juicio en libertad y por ello ordenó su inmediata liberación.

Asimismo, bajo estos argumentos, el Ministerio Público solicitó a la autoridad jurisdiccional la medida cautelar de prisión preventiva, toda vez que el delito de peculado es considerado por la legislación sinaloense como uno de los actos más reprochables, con sustento en la reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa, publicada en abril de 2017, sin embargo, tampoco fue aceptado por el juez.

Entre otros actos de investigación, la Fiscalía Estatal presentó al juez datos documentados sobre tres transferencias bancarias realizadas de manera irregular desde una cuenta asignada a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Sinaloa, que suman $2,970,000.00, a beneficio de dos proveedores no registrados.

Una vez dada a conocer la imputación, el juez de la causa decretó como medida cautelar la prohibición de salir del Estado al imputado, y atendiendo la petición de duplicidad de término realizada por la defensa, fijó como fecha para audiencia de vinculación el próximo martes 23 de octubre a las 10:30 horas.

Será en dicha audiencia en la que el juez de control determine la situación jurídica del imputado por el manejo de recursos públicos destinados a la ayuda a damnificados por la contingencia que ocasionó la Tormenta Tropical 19-E, el mes de septiembre pasado.

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