Un Juez de Control impuso defensores de oficio a la defensa legal del encargado de despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, quien ha hecho uso de múltiples argucias y marrullerías legaloides para evitar y diferir audiencias para la revisión de las medidas cautelares dentro de uno de los procesos que se le siguen por abuso de autoridad al entorpecer las investigaciones y negar información que le ha solicitado la Fiscalía General del Estado.

Este martes 13 de febrero se programó por quinta ocasión la audiencia de medidas cautelares en contra Robespierre Lizárraga Otero, quien en 5 ocasiones ha logrado burlar las audiencias y evitar que se modifiquen las medidas cautelares en su contra e impedir que el Juez pueda destituirlo del cargo de encargado del despacho de Rectoría, puesto que ilegalmente desempeña en la UAS al violar la Ley Orgánica de la Universidad.

Este martes, durante la audiencia, Carlos Lorenzo Flores, abogado de Robespierre Lizárraga Otero, solicitó el diferimiento de la diligencia ya que no estaba impuesto en su totalidad de la carpeta de investigación, toda vez que el tiempo que se le había autorizado era insuficiente, además de que no había recibido la carpeta completa ni la copia de los videos de las audiencias anteriores, por lo que no estaba preparado para realizar una defensa adecuada.

También, el abogado general de la UAS, Yamir de Jesús Valdez Álvarez, pidió al juez de control, Carlos Alberto Herrera, que se respetara el debido proceso y se nombrara a asesores jurídicos de la UAS, argumentando que el Juzgado Segundo de Distrito, en una supuesta sentencia de amparo, aparentemente se reconoce a la Casa Rosalina como víctima del delito.

El juez Carlos Alberto Herrera le respondió que el Juzgado no había recibido el supuesto resolutivo, por lo que rechazó y declaró improcedente la petición e llamó a los representantes de la UAS a abandonar la sala del Juzgado.

El abogado general de la UAS insistió en que se respetara el supuesto amparo, pero el juez tajantemente lo refutó y declaró un receso de 10 minutos para que los abogados universitarios abandonaran la sala.

Después de la pausa, Carlos Lorenzo Flores, el defensor particular de Robespierre Lizárraga Otero, reiteró al juez que no estaba preparado para realizar una defensa adecuada, a lo que el Juez pidió que se nombrara un defensor público y se dio otro receso para que éstos arribarán a la sala de audiencia y protestar el cargo.

Así, los defensores públicos José Francisco Reyes, Daniel Enrique Valenzuela, Yaritza Fabiola Machado y Dagoberto Valdez se presentaron en la sala de audiencias, iniciándose un debate entre los universitarios imputados y los nuevos abogados públicos, al considerar que éstos habían sido impuestos.

Tras reanudarse la audiencia, los defensores públicos informaron al juez que no estaban impuestos sobre la carpeta de investigación, ya que apenas la habían recibido el pasado 8 de febrero y solicitaron una prórroga para preparar una defensa adecuada.

El Juez advirtió a los defensores públicos que de volverse a presentar a la siguiente audiencia sin estar preparados, serán multados con mil días de multa, y programó una nueva audiencia para el próximo viernes 16 de febrero, para que Lizárraga Otero nombre a otro abogado particular y se defina la fecha para esta audiencia de revisión de medidas cautelares.