El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo públicas las «movidas chuecas» del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien señaló de no haber realizado las correctas auditorías a las empresas Coppel, propiedad de su familia; y al Grupo ARHE, empresas de Mazatlán que tienen relación de amistad con el ahora Embajador de México en España.

El actual Gobernador de Sinaloa reveló que las irregularidades cometidas en la administración de Quirino Ordaz, actualmente le están costando al Gobierno del Estado más de Mil millones de pesos, cantidad que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le reclamó y que ahora tendrá que pagar tras confirmarse una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Rocha explicó que el origen del problema se derivó del incumplimiento que la administración de Quirino tuvo al Convenio de Coordinación Fiscal con el SAT, que facultaba al Estado para aplicar auditorías a empresas sinaloenses para efecto de que realizaran el correcto pago de sus contribuciones fiscales a la Hacienda Federal.

Sin embargo, de manera intencional y dolosa, el Gobierno de Quirino Ordaz realizó auditorías a «medias» a dos empresas: Grupo Coppel, propiedad de su familia, así como al Grupo ARHE, propiedad de los hermanos Arellano, con sede en Mazatlán, quienes son amigos del ex Gobernador que hoy es Embajador de México en España.

Rubén Rocha aseguró que al día siguiente de tomar posesión en el cargo de Gobernador, el mismo Quirino le informó que había un procedimiento jurídico del SAT en contra del Gobierno del Estado por incumplir el Convenio de Coordinación Fiscal, y que estaba reclamando el pago de más de Mil millones de pesos.

Ante ello, la nueva administración de Rocha interpuso el recursos de revisión del caso ante la SCJN, sin embargo, el asunto no prosperó en favor del Gobierno de Sinaloa y esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de pago de más de mil millones de pesos al SAT con motivo de las auditorías «chuecas» del Gobierno de Quirino Ordaz.

Indicó que se analiza qué va a proceder jurídicamente contra la anterior administración de además de dejar «tronadas» las arcas estatales, les dejó una «herencia» judicial que finalmente se confirmó en sentencia que el Gobierno Estatal había incurrido en ilegalidades.