Después de «escurrirse» por 5 ocasiones de ser sometido a juicio, este jueves 21 de septiembre fue vinculado a proceso Robespierre Lizárraga Otero, ex Abogado General de la UAS y recientemente designado como Secretario General de la Universidad.

En una ríspida audiencia que duró 9 horas, Lizárraga Otero fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, ya que es señalado de haber impedido y oponerse a proporcionar información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que realizara una auditoría a los ingresos propios de la UAS.

En este juicio, ya se encuentra vinculado a proceso el Rector Jesús Madueña Molina, así como Robespierre Lizárraga Otero, quien fue señalado de incurir en el dleito de abuso de autoridad cuando se desempeñaba como Abogado General de la UAS.

Durante la audiencia de este jueves, se enlistaron 38 facturas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, que acreditó que la UAS recibió hasta 2,500 millones de pesos por parte del estado en el año 2022, sin embargo, la Fiscalía señaló que ambos funcionarios de la UAS se opusieron a entregar la información relacionada a los ingresos propios, lo que motivó la imputación.

Los abogados defensores de Lizárraga Otero insistieron que la ASE no podía ni tenía facultades para auditar a la UAS debido a que ésta se rige bajo su propia Ley Orgánica, por lo que la revisión de recursos propios de la Universidad la realiza un despacho contable que designa el Consejo Universitario.

Alfonso Carlos Ontiveros Salas, abogado defensor del funcionario de la UAS insistió en que Lizárraga Otero no era un servidor público, que no actuó de forma indebida porque siempre justificó jurídicamente el rechazo a los intentos de auditorías.

Tras 9 horas de debate, el Juez Penal Adán Alberto Salazar Gastélum determinó vincular a proceso a Robespierre Lizárraga Otero, quien se autodeclaró como «posible imputado por problemas políticos».

En los razonamientos del Juez, éste determinó que la ASE sí está facultada para auditar los recursos de la UAS, que Lizárraga Otero sí es un servidor público al trabajar en un organismo descentralizado del Gobierno Estatal.

En la misma audiencia, el Juez apercibió a Yamil de Jesús Valdéz Álvarez, quien es el nuevo abogado general de la UAS, ya que éste sostenía conversaciones con los abogados defensores de Robespierre Lizárraga, toda vez que había entrado como «público» a la audiencia, situación que está prohibida, además de que en otros juicios contra el Rector y los integrantes del Comité de Adquisiciones supuestamente «defiende» los intereses de la UAS.