Por considerar que existe un conflicto de interés y que no van a defender realmente los intereses legales, jurídicos y sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado rechazó que se nombren como «Asesores Victimales» a Robespierre Lizárraga Otero, Yamil de Jesús Valdez Álvarez y a José Ramón Bonilla Rojas, todos ellos funcionarios de la UAS y subordinados del Rector Jesús Madueña, uno de los imputados en el juicio por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Este miércoles 23 de agosto, se llevó a cabo la audiencia inicial de imputación del proceso 886/2023, en contra del Rector Jesús Madueña Molina, contra el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, así como contra los funcionarios de la UAS que integran el Comité de Adquisiciones: Héctor Melesio Cuén Díaz, Director de Control de Bienes de la UAS; Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar, Salvador Pérez Martínez, Ismael García Castro y Norma Alicia Aguilar Navarro.

Dicha audiencia no pudo ni siquiera aperturarse ya que el Juez determinó que no había condiciones para iniciarse el juicio ya que la mayoría de los abogados de los imputados no contaban con la carpeta de investigación respectiva, la cual está conformada por 20 tomos y más de 13 mil fojas de actuaciones del Ministerio Público especializado en Corrupción.

En la misma audiencia, los representantes legales de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, Yamil de Jesús Valdez Álvarez y José Ramón Bonilla Rojas, solicitaron al Juez les protestara el cargo como «Asesores Victimales», una figura legal que establece que la parte ofendida (la UAS), tiene derecho a que sus representantes jurídicos puedan sumarse a la parte acusadora de la Fiscalía General del Estado para garantizar una defensa legítima y el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral del daño a la Universidad.

Sin embargo, los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía solicitaron al Juez no rendirles protesta a los 3 abogados de la UAS como «Asesores Victimales», ya que existe un conflicto de interés debido a que dentro de la investigación por corrupción contra el Rector y los integrantes del Comité de Adquisiciones, la Fiscalía les solicitó diversa información a estas mismas personas que fungen como apoderados legales, pero éstos se negaron a entregar dicha información.

Los agentes del Ministerio Público cuestionaron que Robespierre Lizárraga Otero, Yamil de Jesús Valdez Álvarez y José Ramón Bonilla Rojas, como representantes legales de la UAS y subordinados del Rector imputado en el juicio, incurren en conflicto de interés y difícilmente desempeñarían un papel como «Asesores Victimales».

Los representantes legales de la UAS expusieron al Juez el recurso de revocación, alegando que al no designarlos a ellos como «Asesores Victimales», dejaría a la Universidad en la indefensión, lo cual fue rechazado por el Juzgador ya que el juicio ni siquiera se ha aperturado debido a que la defensa de los imputados no están enterados de las acusaciones y no conocen el expediente para su debida defensa.

En un intento por presionar al Juez en el debate, incluso Milton Ayala Vega, el abogado defensor del Rector imputado, Jesús Madueña Molina, exhibió el conflicto de interés en plena audiencia, al ponerse de lado y alegar en favor del recurso de revocación que expresaron los representantes legales de la UAS, olvidándose que los «Asesores Victimales» formarían parte de la parte acusadora y de la Fiscalía, y no de la defensa de los acusados.

El Juez cuestionó al abogado de Madueña sobre si estaba de lado de los que pretendían «acusarlos», a lo que el representante legal del Rector se justificó diciendo que la UAS debía tener representante legal en el juicio y no podía quedar en la indefensión, evidenciando un conflicto de interés entre los acusados y los «Asesores Victimales».

Al final, el Juez determinó que para el efecto de definir a los «Asesores Victimales» de la UAS, realizará una audiencia especial el próximo 30 de agosto a las 9:00 horas.

Asimismo, ante la inexistencia de condiciones para iniciar el juicio contra el Rector y los funcionarios de la Universidad, daría un plazo de casi mes y medio para que los abogados defensores se impusieran sobre la carpeta de investigación, para retomar el juicio el próximo 11 de octubre de 2023 en continuación de audiencia inicial de imputación.

En el presente juicio 886/2023 en contra del Rector Jesús Madueña Molina, contra el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, así como contra los funcionarios de la UAS que integran el Comité de Adquisiciones, todo ellos son imputados por la compra irregular de pollo y carne por cerca de 77 millones de pesos entre los años 2021 y 2022.

Robespierre Lizárraga Otero, además de ser abogado general de la UAS y subordinado del Rector imputado, también está involucrado en la causa penal 836/2023 por el delito de abuso de autoridad y está pendiente su situación jurídica en dicho proceso en el que ya se vinculó a proceso a su coacusado Jesús Madueña Molina.