Debido a que la mayoría de los abogados defensores no contaban con copia de la carpeta de investigación, el Juez de Control acordó diferir para el 31 de agosto de 2023 la audiencia inicial que se abrió en contra del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y los 9 integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad, quienes son acusados de desempeño irregular de la función pública y por ejercicio indebido del servicio público.
Como parte del proceso 836/2023, el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum, concedió a la defensa de los acusados reprogramar la continuación de la audiencia por un periodo de mes y medio más debido a que la carpeta de investigación está integrada de 24 tomos, esto a pesar que los abogados de los imputados pedía 3 o 4 meses más para analizar y tener conocimiento de l carpeta de investigación que aún no tenían en su poder.
A la audiencia de este proceso acudieron como imputados el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; el ex Rector, Juan Eulogio Guerra Liera; así como Héctor Melesio Cuén Díaz, Director de Control de Bienes de la UAS.
Asimismo estuvieron presentes los integrantes del Comité de Adquisiciones de la Universidad: Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Manuel de Jesús Lara Salazar y Salvador Pérez Martínez, este último quien se desempeñaba como Director de Administración y Finanzas de la UAS.
A la audiencia no acudió Ismael García Castro, cuyo abogado presentó un justificante médico en el que constaba que supuestamente tenía un problema en los ojos. La imputada Norma Alicia Aguilar Navarro tampoco se presentó y tampoco hubo abogado defensor que la representara ni justificara su ausencia.
En su comparecencia inicial, los defensores de los funcionarios de la UAS acusados de ejercicio irregular de la función pública y del servicio público, se quejaron que la Fiscalía no les entregó a tiempo las copias de la carpeta de investigación a pesar de haberla solicitado, supuestamente violando el principio del debido proceso de los acusados.
Los agentes del Ministerio Público adscritos a la Vicefiscalía Anticorrupción justificaron que por lo voluminoso del expediente (de 24 tomos) no se había entregado y propusieron a los abogados defensores acudir a las instalaciones de la Fiscalía a recibir sus copias debidamente foliadas y autentificadas.
Los abogados de los imputados solicitaron al Juez desistirse de continuar con las audiencias y del proceso ya que no se contaba con las copias de la carpeta de investigación.
Asimismo, en la audiencia se designaron a los «Asesores Jurídicos Victimales», figura jurídica que establece que desde la parte afectada (la UAS) se pueden integrar a la defensa de los intereses de la Universidad abogados o representantes legales de la UAS.
Para la «defensa de los intereses de la Universidad» fueron designados el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, así como los abogados José Ramón Bonilla Rojas y Yamir de Jesús Valdez Álvarez.
Previo a la audiencia, la Policía Estatal Preventiva, en apoyo a la Policía Procesal, dispuso de un operativo desde muy temprano para anticiparse a las aglomeraciones de cientos de trabajadores de la UAS que acudieron «acarreados» a participar en las concentraciones afuera del Juzgado, donde los agentes intervinieron para limitar el acceso al edificio donde se realizó la diligencia.
