La Fiscalía General del Estado (FGE) impugnará la designación de Robespierre Lizárraga Otero y de otros 2 abogados de la Universidad Autónoma de Sinaloa como «Asesores Jurídicos Victimales», ya que considera que incurren en conflicto de interés debido a que éstos no van a defender legítimamente los intereses de la Universidad al ser subordinados de los mismos funcionarios acusados.
En la audiencia relativa al proceso 836/2023 que este viernes 21 de julio se le inició al Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina; al ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y a los 9 integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS, la Universidad como parte ofendida designó como «Asesores Jurídicos Victimales» al abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, así como los abogados José Ramón Bonilla Rojas y Yamir de Jesús Valdez Álvarez.
La figura legal de «Asesores Jurídicos Victimales» establece que además de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía, la parte afectada (la UAS) pueden sumar a la defensa de los intereses de la Universidad a abogados o representantes legales de la institución para garantizar una defensa legítima y el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral del daño a la UAS.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Anticorrupción señaló ante el Juez de Control que en su debida etapa procesal y ya aperturada la audiencia de imputación contra los funcionarios de la UAS, impugnarán la designación de Robespierre Lizárraga Otero como «Asesor Jurídico Victimal», ya que éste incurre en conflicto de interés pues no va a defender el interés legal de la Universidad al ser subordinado del Rector Jesús Madueña Molina, imputado en la misma causa.
Asimismo, Robespierre Lizárraga Otero aparece como imputado junto con el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en otro proceso por delitos de abuso de autoridad que la Fiscalía le señala al oponerse a ser auditados y a entregar documentación que le fue solicitada por la Auditoría Superior del Estado para fiscalizar los gastos de los recursos estatales y propios en la Universidad.
En la audiencia de este viernes, los designados como «Asesores Jurídicos Victimales» insistieron ante el Juez que se validara su nombramiento bajo el pretexto de que de no hacerlo, la UAS se quedaría sin la representación como «ofendida».
