Anteponiendo la «defensa» a la autonomía universitaria y oponiéndose a la nueva Ley de Educación Superior de Sinaloa que recién fue aprobada y puesta en vigor, el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, amenazó con impugnar y «echar abajo» dicha ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Rector de la UAS también amenazó con organizar movilizaciones para «impedir» la intromisión en la Universidad, además de adelantar que en los próximos días el Consejo Universitario sesionará para tomar una determinación sobre acudir a los tribunales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que se aplique la nueva Ley de Educación Superior porque supuestamente ésta «pisotea» la autonomía universitaria.

Insistió que no permitirán que el Congreso del Estado «pisotee» la autonomía universitaria y advirtió que no se descarta que otras universidades se «solidaricen» con la UAS.

Madueña Molina refirió que el área jurídica de la UAS ya tiene identificadas las 11 incongruencias con respecto a la nueva ley, incluyendo un párrafo donde claramente establece la intromisión a la autonomía universitaria.

“La parte final del párrafo tercero, es como si yo le dijera a usted: ‘mañana voy a ir a su casa a revisar cómo tiene la cocina y cómo tiene los cuartos’. No vamos a permitir eso, jamás. Jamás vamos a permitir que el Congreso meta las narices en la universidad”, subrayó.

Madueña hizo un llamado a la Universidad Autónoma de Occidente y a la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) a sumarse a las protestas, pero admitió que la nueva Ley de Educaci´n Superior lleva «dedicatoria» exclusiva para la UAS, universidad que durante muchos años sigue «secuestrada» políticamente por el Partido Sinaloense y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Quienes actualmente dirigen la UAS, se oponen a la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, para mantener el control político de la Universidad, para manejar el millonario presupuesto y obtener estratosféricos salarios y prestaciones, manejar discrecionalmente los ingresos por colegiaturas y servicios escolares, bajo el argumento de que los cambios que se pretenden hacer es una «intromisión» a la autonomía universitaria.