Con el voto en contra y el rechazo de la fracción del Partido Sinaloense (PAS), diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron expedir la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

El Congreso de Sinaloa informó que con esta ley, aprobada en el Sexto Período Extraordinario de Sesiones este miércoles 15 de febrero, se garantiza el ejercicio del derecho a la educación, se atienden las sugerencias del sector educativo y de las personas representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Sin embargo, el Partido Sinaloense rechazó esta nueva Ley al considerarla «invasiva» a la autonomía universitaria, pues prevé que el Congreso será quien realice y organice consultas internas en las universidades del estado para modificar sus leyes orgánicas.

«Se considera que esta parte normativa invade esferas de competencia y a la vez omite la colaboración y/o participación de las propias instituciones de educación superior a las que la ley les otorga autonomía, para que éstas puedan participar en forma activa en el
Proceso de Consulta» señaló la diputada del PAS, Elizabeth Chía Galaviz.

La aplicación de la nueva Ley corresponde a las autoridades educativas del Estado y de sus municipios, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior, en los términos y ámbitos de competencia que la ley establece.

La Ley tiene por objeto:
I. Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior;

II. Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país y del Estado, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social, que pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de la Nación, del Estado y de la sociedad en general;

III. Distribuir la función social educativa del tipo de educación superior en el Estado y sus municipios;

IV. Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior en el Estado;

V. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de educación superior con visión de Estado;

VI. Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior; y

VII. Regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.

Para la aprobación de esta ley se tomaron en cuenta iniciativas presentadas por la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez y los ciudadanos Héctor Melesio Cuen Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, así como por la Comisión de Educación Pública y Cultura de esta Sesenta y Cuatro Legislatura.