Por darles un trato inhumano, revictimizador, insensible y con muy poco respeto a su dignidad como víctimas, padres y familiares de una pareja de jóvenes fallecidos en un accidente en la carretera a Culiacancito en enero de 2022, realizaron una protesta al cumplirse un año de impunidad en el caso.

Jesús Joel Gerardo Verdugo, Carmen Aide Verdugo Valenzuela y María de Jesús Nava Casas, padres del ingeniero agrónomo Joel Ismael Gerardo Verdugo y la joven enfermera Claudia Jazmín Solano Nava, se apostaron en las afueras del edificio de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia en el caso, ya que al cumplirse un año de la muerte de ambos jóvenes, el presunto responsable sigue en libertad.

Recién egresado como ingeniero agrónomo, Joel Ismael Gerardo Verdugo, y su novia, la joven enfermera Claudia Jazmín Solano Nava, murieron en los primeros minutos del 23 de enero de 2022 sobre la carretera a Culiacancito, a la altura del motel Paradise, en la comisaría de Bellavista, donde la unidad en que viajaban fue impactada por otro vehículo marca Honda que presuntamente era conducida a exceso de velocidad e invadió carril contrario.

La pareja de jóvenes novios murió instantáneamente tras el impacto, mientras el presunto responsable y su acompañante huyeron del sitio del percance.

Desde entonces, los padres de los dos jóvenes han sufrido una serie de conflictos en la exigencia de justicia y de seguimiento a la carpeta de investigación CLN/UETC/000532/2022/C1, que se abrió por el delito de homicidio culposo.

La carpeta de investigación se inició por el delito de Homicidio Culposo, misma que, se encuentra radicada en la Unidad de lo Penal Especializada en Tramitación Común, Región Centro, Sinaloa, a cargo del Agente de Ministerio Público, Lic. Ramón Valenzuela Valdez, así también, el titular de dicha Unidad de lo Penal, Lic. Juan Antonio Velázquez Robles.

Los familiares de las víctimas acusaron que de parte de ambos funcionarios estatales han recibido un trato inhumano, revictimizador, insensible y con muy poco respeto a su dignidad y dolor como madres, pues se han negado y no han permitido el acceso a la carpeta de investigación, argumentando que por cuestiones de reserva no podía proporcionar información ni permitir verla en ese momento.

Los afectados revelaron que en una ocasión comenzaron a cuestionar las diligencias e integración de la carpeta al agente de Ministerio Público, Ramón Valenzuela Valdez, quien molestó y se refirió a las madres de los jóvenes fallecidos como «las enfadosas», «las que venimos a molestar», «que lo único que tenemos es un peritaje a favor y que fue comprado por nuestra parte», «este expediente me tiene hasta la madre», «ya lo voy a tronar» entre otras expresiones negativas.

Ante ello, solicitaron audiencia con el titular de dicha agencia, Juan Antonio Velázquez Robles, quien nunca los atendió y que además, de acuerdo con lo manifestado ese día por el Agente de Ministerio Público Ramón Valenzuela Valdez, su jefe, el titular de la agencia le había pedido que no insistiéramos en verlo, que no lo molestaran y que le había dado instrucciones de «tronar» el expediente cuanto antes, es decir, cerrarlo y no seguir investigando.

Los familiares detallaron que a pesar del mal trato, ellos siguieron insistiendo y dándole seguimiento regular a la carpeta, y que en todas esas ocasiones el trato fue insensible y revictimizador por parte del Agente de Ministerio Público, sin embargo, a pesar de haberse llevado a cabo las diversas diligencias, peritajes técnicos y existir indicios, elementos y datos de pruebas suficientes, hasta la fecha y después de un año de los hechos, no se ha emitido el ejercicio de la acción penal contra el imputado, quien se encuentra claramente identificado, ni tampoco, emitido resolución alguna conforme a los elementos que obran en la referida carpeta de investigación.

Dijeron ya no tener confianza en el Titular de la Agencia ni el Agente que integró la carpeta, dado que ya lleva un año sin que la autoridad resuelva el caso.

«Esta es nuestra principal exigencia como madres, que hemos perdido a nuestros hijos, quienes tenían todo un futuro por delante, lo único que exigimos, es el ejercicio de la acción penal y así estar en posibilidades de lograr justicia, puesto que, por una mala integración de la carpeta de investigación desde inicio», subrayaron.

Señalaron tener conocimiento de que está la propuesta del no ejercicio de la acción penal a raíz de que han comenzado a cuestionar las diligencias, por lo que exigieron a la Fiscal General, Sara Bruna Quiñónez Estrada, intervenir para que se haga justicia en dicha carpeta de investigación y que la procuración de justicia se haga de manera eficaz, imparcial y con respeto hacia los derechos humanos.

Las familias interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) para que intervenga y dé a las familias la justicia que durante un año han perseguido.

Este lunes, las familias fueron recibidas por el Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, quien se comprometió personalmente a revisar el expediente.