La Fiscalía General de Sinaloa (FGE) solicitó al Congreso del Estado iniciar el proceso de desafuero (juicio de procedencia) del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para investigar, y en su caso, ejercer acción penal en su contra, ya que tiene 3 carpetas de investigación abiertas: 2 por probable corrupción y una por abuso de autoridad y discriminación.

Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, explicó que semanas atrás, la Auditoría Superior del Estado interpuso varias denuncias contra funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán por presuntos desvíos, peculado y irregularidades cometidas en la cuenta pública del año 2020 y que generó daño a la hacienda pública.

Tras la investigación, la Fiscalía General de Sinaloa formalizó ante el Congreso del Estado la solicitud de iniciar un juicio de Procedencia (Desafuero) para que la autoridad pueda avanzar en la investigación por presuntas irregularidades a la hacienda pública del ejercicio del año 2020.

Fuentes cercanas al Congreso del Estado revelaron que uno de los expedientes por probable corrupción advierte que hay una presunta responsabilidad del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, así como del Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, así como de la tesorera Issel Guillermina Soto González por un contrato otorgado por adjudicación directa.

En dicho expediente se detalla una presunta «triangulación» de dinero, donde participó una empresa, la cual habría recibido el dinero y subcontratado a otras más consideradas «fantasma». Estas empresas estarían ligadas a familiares o personas conocidas de los funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán, presumiéndose delitos de peculado y lavado de dinero.

Por otra parte, la Fiscalía también mantiene abierta otra carpeta de investigación por probable abuso de poder y discriminación, denuncia que fue interpuesta por un grupo de viudas de policías.

El grupo señaló que el alcalde de Culiacán las maltrató y en diversas ocasiones «bloqueó» su derecho a recibir una pensión conforme se estableció en la última reforma a la Ley de Seguridad Pública.

Mientras corre la solicitud de juicio de procedencia, se mantiene también el proceso de un juicio político, el cual sigue en integración por la Comisión Instructora, que está a la espera de que se resuelva un juicio de amparo que un juez federal otorgó la suspensión definitiva para que no sea destituido del cargo.