Este jueves 27 de enero se cumplen 23 años del asesinato del abogado y defensor de los derechos humanos Jorge Aguirre Meza, quien el día de su asesinato era Regidor del PRD y maestro de la preparatoria UAS de Navolato; a 23 años de distancia, su muerte sigue impune a pesar de que meses después de su crimen hubo 2 personas detenidas y posteriormente liberadas por las autoridades judiciales.

Año con año, familiares, activistas sociales, defensores de derechos humanos y abogados recuerdan la memoria de Aguirre Meza en el busto ubicado en la Plazuela Vicente Guerrero, así como también se realizan actividades culturales, deportivas y marchas.

Para este 2022, en el 23 aniversario luctuoso, las condiciones por la pandemia del Covid-19 limitaron la realización de la denominada «Semana Cultural» Jorge Aguirre Meza y se realizará un acto solemne en el busto construido en su honor en la plazuela «Vicente Guerrero», se le llevará ofrenda floral, homenaje y misa en la parroquia «San Francisco de Asís».

LA HISTORIA DEL CASO

A las 20:15 horas del 27 de enero de 1999, luego de dar clases en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorge Aguirre Meza, recién designado Regidor por el PRD, regresaba a su domicilio ubicado en Cerrada Macario Gaxiola, calle que ahora lleva su nombre, en el Centro de Navolato.

En su camioneta Dodge Ram, color verde, Aguirre ingresaba por el callejón, siendo seguido por un automóvil Stratus gris, con vidrios polarizados.

Un testigo declaró ante el Ministerio Público que por la ventana de su domicilio vio a dos sujetos vestidos de negro y con pasamontañas, que corrían detrás de la unidad del abogado y defensor de los derechos humanos.

Uno de los sujetos que portaba un rifle AK-47, golpeaba la ventanilla del lado del conductor, gritándole a Aguirre «!bàjate, bájate!».

El segundo individuo brincó por una mufa y se paró donde e callejón forma una escuadra en «L», para luego efectuar dos disparos al aire, mientras que Aguirre trataba de evadir al tipo armado, dándole a su camioneta hacia adelante y atrás.

El paso del callejón sin salida fue obstruido por el automóvil gris, sin placas, por lo que Aguirre aceleró la camioneta hacia su casa, pero el segundo individuo disparó contra Aguirre Meza, para luego huir en el Stratus a marcha acelerada.

Minutos después, Aguirre Meza fue declarado muerto en la sala de urgencias del IMSS de Navolato, a donde fue trasladado con múltiples heridas en su cuerpo.

La agencia segunda del Ministerio Público inició la averiguación previa 206/1999, la cual a principios de marzo de 1999 fue asignada al fiscal especial Jorge Valdez Fierro, quien posteriormente fue Subdirector de la entonces Policía Ministerial del Estado, quien fue designado para el caso por el entonces Procurador General de Justicia, Gilberto Higuera Bernal. Valdez Fierro fue asesinado años después en Culiacán.

La línea de investigación se centró en las supuestas amenazas que Víctor Manuel Contreras Espinoza, “La Tamalera”, había hecho a Aguirre Meza, quien entre 1997 y 1998 fungía como Director de la Policía Municipal de Navolato.

Aguirre encabezó un operativo y fue el responsable de haberlo arrestado la tarde del 2 de noviembre de 1997 en el panteón de Altata, cuando festejaba el Día de Muertos efectuado disparos con armas de fuego.

“La Tamalera” fue capturado junto con el entonces comandante de la PJE, Juan Emilio Yee Compeán, Gabriel Tiburcio García, “El Bucho”; Armando Quiñónez Valenzuela, “El Becerro”; y Jesús Ramón Torres Navarro, “El Chuletas”.

Contreras Espinoza ofreció a Aguirre y a sus agentes 500 mil pesos para que los dejara en libertad, pero no aceptaron el soborno.

En el trayecto a Navolato, «La Tamalera» y sus cómplices intentaron bajarse de las patrullas, diciendo extrañados: «¡Cómo es posible que estos tacuaches nos hayan detenido y no otra corporación como la Judicial del Estado o la Judicial Federal!».

Enojado, desarmado y en una de las patrullas, «La Tamalera» les decía a sus acompañantes que los policías no tenían la culpa y que había que saber quién era el de la bronca.

Ya en las celdas de la Cárcel Municipal de Navolato, Contreras Espinoza amenazó de nuevo a Aguirre Meza, a quien se dirigía como «piche rengo», a la vez que le advertía que lo iba a matar y que se lo iba a chingar.

El 6 de marzo de 1998, Contreras Espinoza salió en libertad y desde ese entonces Aguirre Meza empezó a recibir amenazas de muerte que se cumplieron la noche del 27 de enero de 1999.

PESQUISAS TORCIDAS

Iniciadas las investigaciones, el entonces fiscal especial Jorge Valdez Fierro hizo comparecer a decenas de testigos, a los vecinos del callejón y a personas que de alguna manera presenciaron los hechos.

Entre los testimonios contenidos en el expediente, está el del José Rolando «N», un joven estudiante de Cobaes que esa noche estaba junto con su novia en el callejón y que en su declaración de fecha 26 de febrero de 1999 no aportó ningún dato importante ya que no observó directamente el crimen.

Transcurrió un año del homicidio, el 7 de febrero del año 2000, la PGJE tuvo conocimiento de que en Mexicali, las autoridades federales habían arrestado con droga a Contreras Espinoza y a su primo Óscar Valentín Sánchez Espinoza.

A ambos se les inició el proceso penal 48/2000-III en el Juzgado tercero de distrito de Mexicali por delitos contra la salud.

JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA

La PGJE vio en ese arresto la gran oportunidad para esclarecer el caso Aguirre y reivindicar a la justicia sinaloense y del Gobierno de Sinaloa, encabezado en ese tiempo por Juan Millán Lizárraga.

Transcurrido un año y un mes del asesinato, el 28 de febrero de 2000, los investigadores adscritos a la fiscalía especial elaboran un parte informativo que fue “determinante” para lograr los arrestos de los implicados.

Con testigos anónimos, que nunca se supo si en realidad existieron, los agentes señalaron que entrevistándose con diversas personas de Navolato y Altata, obtuvieron información de que los autores intelectuales del crimen eran Víctor Manuel Contreras Espinoza, “la Tamalera”; y otra persona de nombre Rafael Ureta León.

Los “informantes anónimos” supuestamente afirmaron también que los autores materiales eran Juan Emilio Yee Compeán, Oscar Valentín Sánchez Espinoza, una persona de nombre «Geovanny», otras dos sujetos de aspecto sureños y un agente de la Policía Federal de Caminos de nombre Hugo Palazuelos, ejecutado el 24 de diciembre de 1999 en las cribas de Culiacancito.

Inmediatamente, el fiscal ordenó la localización y presentación de Juan Emilio Yee Comeán y Rafael Ureta Léon, quienes fueron apresados el 29 de febrero de 2000, el primero en una llantera de El Palmito y el segundo en la colonia Rafael Buelna.

LA INVESTIGACIÓN “CIENTÍFICA”

Durante el 29 de de febrero y 1 de marzo de 2000, los implicados estuvieron privados de su libertad, sin que los familiares fueran informados oficialmente de su detención.

Incluso, la PJE se atrevió a justificar legalmente que los sospechosos fueron puestos en libertad luego de rendir su declaración ante el MP y reportaron que ambos fueron arrestados en dos ocasiones ya que aparentemente intentaban huir.

Tanto la PJE como la PGJE negaban que agentes policiacos los hubieran detenido, limitándose a decir «no tenemos nada que informar».

Aunque intentaban ocultar ambas detenciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vía oficiosa, solicitó a la PJE información sobre la detención y hasta las 23:30 horas del 1 de Marzo fueron anotados en la lista de detenidos.

El 2 de Marzo por la mañana, luego de mantenerlos ocultos en un motel del norte de la ciudad, los indiciados aparecieron torturados y con ropas nuevas, pues en la golpiza, éstas se habían desgarrado.

Para “reforzar” la investigación y fundamentarla, el fiscal especial sospechosamente hizo comparecer el 1 de marzo al testigo José Rolando «N», quien cambió radicalmente su versión inicial aportada al MP el 26 de febrero de 1999.

Posteriormente se supo la verdadera razón por la que modificó su versión: le ofrecieron una plaza en la Policía Judicial y ese mismo día se le dio de alta en la corporación donde ha estado asignado a diferentes áreas y partidas.

La noche del 4 de marzo, ambos fueron consignados ante el Juez Penal de Navolato que inició el proceso 32/2000 por el delito de homicidio doloso y asociación delictuosa.

«Lo que declaré de ‘La Tamalera’ lo hice porque me golpearon y torturaron y querían que dijera que él había sido, y como yo les decía que no, me seguían golpeando, y como no aguanté, por eso dije lo que dije», confesó Ureta León en su declaración preparatoria ante el Juez de Navolato.

Platón López Gámez, en ese entonces Juez de Navolato, dictó auto de formal prisión a los supuestos asesinos el 6 de marzo de 2000 y concedió órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Contreras Espinoza, “La Tamalera”; y contra Óscar Valentín Sánchez Espinoza.

El expediente duró sólo una semana en el tribunal de Navolato, ya que el 17 de marzo, el caso fue radicado al Juzgado cuarto penal de Culiacán que lo inscribió con el número de proceso 45/2000.

Por no haber elementos suficientes, el 16 de febrero de 2001, el Juez segundo de distrito de Culiacán le concedió el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión a Óscar Valentín Sánchez Espinoza, quien mediante el amparo 277/2000-I, pudo lograr que se cancelara el mandamiento judicial el 14 de marzo de 2001 mediante oficio 132.

ESCAPE EN MEXICALI

Con la orden de aprehensión en la mano, la PGJE echó mano de los convenios de colaboración con su similar de Baja California y ese mismo día se envió vía fax el oficio 30/2000 para solicitar la colaboración para el resguardo de «La Tamalera» y su cómplice por el riesgo de que pudieran evadir la justicia.

La coordinación no funcionó, ya que horas antes de que el mandato judicial estuviera en manos de las autoridades bajacalifornianas, Contreras Espinoza y su primo salieron en libertad del Cereso.

El 8 de marzo de 2000, el segundo tribunal unitario del XV de Circuito, ordenó la inmediata libertad de «La Tamalera» y Sánchez Espinoza, en virtud de haberles revocado el auto de formal prisión que se les había dictado el 3 de febrero de ese mismo año por el Juez tercero de distrito de Baja California.

Ante la pésima «coordinación» entre las procuradurías de Sonora y Sinaloa, se enviaron solicitudes de colaboración a todas las procuradurías del país, a Estados Unidos y a las autoridades federales.

Gilberto Higuera Bernal, en ese entonces procurador en Sinaloa pidió al procurador de Baja California revisar el caso.

«Les advertimos iniciar de inmediato la comunicación estrecha con el Juzgado tercero de distrito, les dimos los datos del proceso con el director del reclusorio, inclusive les pedimos que estuvieran atentos con el Ministerio Público Federal adscrito porque a partir de ese momento adquirían una gran responsabilidad», lamentó en ese entonces Higuera Bernal.

Hasta en abril de 2002 se tuvieron noticias tardías sobre el paradero de “La Tamalera”, cuando fue arrestado en el campo pesquero Golfo de Santa Clara, Sonora,  a 115 kilómetros al sureste de San Luis Río Colorado, acusado del delito de disparar su arma de fuego.

José de Jesús Ruvalcaba González, comandante de la base de la PJE en San Luis Río Colorado no supo ni a quién había arrestado; la información del Sistema de Nacional de información de Seguridad Pública le llegó tarde porque en 48 horas “La Tamalera” fue puesto en libertad.

No fue identificado porque traía una licencia de conducir expedida por el Gobierno de Sonora a nombre de Juan Felipe Torres Navarro, un pescador de Altata que ya murió.

JUSTICIA EN BANCARROTA

El proceso continuó contra los dos acusados: Juan Emilio Yee Compeán y Rafael Ureta León, quienes durante 2 años y 4 meses pelearon en los tribunales con evidentes pruebas de haber sido torturados, presionados para declarar y afectadas sus garantías individuales.

Los indiciados insistían en que había “línea” para acusarlos, sin embargo, el 17 de diciembre de 2001 el Juez cuarto del ramo penal les dictó sentencia condenatoria de 12 años, 10 meses y 24 horas de prisión, además al pago de la reparación del daño moral por un monto de 17 mil 820 pesos.

La defensa de ambos interpuso el recurso de revisión, turnándose el caso a la Primera Sala Penal del STJE que luego de analizarlo, resolvió el 28 de junio de 2002 revocar dicha sentencia condenatoria y ordenó la inmediata libertad de Yee Compeán y Ureta León.

La absolución emitida por los magistrados el toca penal 746/2001 fue en definitiva, la PGJE no pudo hacer ya nada por continuar con las acusaciones: el caso fracasó.

Juan Emilio Yee Compeán intentó acusar al Gobierno del Estado por el daño causado durante todo el tiempo que estuvo preso y buscó asesoría con organismos sociales para demandar una indemnización.

Días después de hacer públicas sus intenciones, individuos armados empezaron a rondar su casa y decidió mejor huir de la cuidad y del estado. 

A 23 años de distancia, el caso de Jorge Aguirre Meza Aguirre permanece en la impunidad y es un ejemplo de las viejas prácticas de investigación para esclarecer un caso de alta impacto al final de los años 90 y principios del año 2000.