Por donde se le vea, por todos lados brota la suciedad y el «manoseo» en la anunciada «renovación» del Fiscal General de Sinaloa.

Faltándole el respeto a todas las instituciones involucradas, pasándose por «el arco del triunfo» un procedimiento ciudadano (en teoría), el Gobernador electo Rubén Rocha Moya ha ensuciado y «manoseado» lo que pudo ser un cambio «planchado» en este organismo autónomo.

Faltando aún 2 años para que termine el periodo de Juan José Ríos Estavillo al frente de la FGE y a pocos días de que Rocha Moya asuma la Gubernatura, pero todo se está saliendo de control por la torpeza política y mediática con que ha manejado el tema.

Mal hizo Rocha Moya en anunciar públicamente que habría un cambio en la Fiscalía, y peor aún, decir que ya tenía a un «favorito», o mejor dicho, a una «favorita», que podría ser la jueza en retiro Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Sara Bruna es identificada dentro del grupo de jueces y magistrados afines al ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, quien será el próximo Secretario General de Gobierno con Rocha Moya.

El nombre de Sara Bruna Quiñónez, la también llamada «Jueza de Hierro, cobró relevancia al ser la autoridad judicial quien llevó el juicio contra Armando Villarreal Ibarra, el ex secretario de Finanzas de Malova, acusado de desvío de recursos públicos.

Nadie le dijo o el Gobernador electo no quiso entender o no le importó el hecho de que con su anuncio de la salida del Fiscal General Juan José Ríos Estavillo estaba atropellando e ignorando a instituciones ciudadanas como el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), ente encargado de realizar el proceso de convocar, analizar perfiles y proponer al Ejecutivo al menos una terna de personas para que el Congreso del Estado elija al próximo Fiscal.

Lo de Rocha es un insulto a las instituciones y una bofetada a un procedimiento que a él no le toca desarrollar del todo. En esta lógica, el Consejo Estatal de Seguridad Pública seguirá siendo lo que siempre se ha dicho de él: un florero y un aparato ornamental para legitimar procesos y darle el «toque ciudadano».

Si bien es cierto, el actual Fiscal, Juan José Ríos Estavillo, ha sido un personaje gris, que durante los últimos 4 años y 6 meses ha vivido «encerrado» en su burbuja de la autonomía constitucional, sin contacto con el mundo exterior, con una percepción negativa en el combate a la impunidad y la persecución del delito. A nadie le molestaría que dejara el cargo de manera voluntaria, arreglada o por las «malas».

Tampoco hay que descartar que la salida de Ríos Estavillo esté siendo «atizada» y promovida por el próximo Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, el segundo hombre que tendrá más poder dentro del Gabinete de Rocha Moya, quien estaría cobrando una venganza personal que data de abril de 2018.

Para nadie es desconocida la revancha personal que ahora podría estarse trasladando al terreno político entre el Fiscal Juan José Ríos Estavillo y Enrique Inzunza Cázarez, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes se enfrascaron en una pugna judicial en abril de 2018 cuando el entonces titular del STJE fue denunciado penalmente por acoso sexual en contra de una funcionaria del Poder Judicial de Mazatlán.

Fue el propio Ríos Estavillo quien de manera inusual «anunció» que se había abierto una carpeta de investigación contra Inzunza Cázarez por acoso sexual, mediatizando el caso, valiéndole la famosa secrecía de las investigaciones. Hoy las condiciones políticas han cambiado, el mundo dio vuelta 180 grados, los papeles se revierten e Inzunza seguramente se estará relamiendo los bigotes para «reventar» a Ríos Estavillo.

También la 63 Legislatura del Congreso del Estado puso las suficientes «piedras en el camino» al Fiscal General y preparó el terreno para que la nueva administración de Rocha Moya tuviera «dientes» legales suficientes para poder quitar al Fiscal.

El pasado mes de septiembre los legisladores aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General en las que agregaron diversas causales por las que el Fiscal General podrá ser removido de su cargo por el Gobernador, independientemente de su autonomía constitucional.

Entre esas «nuevas» causales, en las que el Gobernador podría justificarse para separar del cargo al Fiscal se refiere a cuando por deficiencias graves en su actuación no se cumplan los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Persecución Penal; por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde como Fiscal General; por autorizar indebidamente el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, por incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses y por incurrir en alguna de las faltas administrativas graves de las previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. Por cualquiera de estas razones el nuevo Gobierno podrá «correr» al titular de la Fiscalía.

Sin embargo, Rocha Moya pecó de «honesto» al decir públicamente que entre él y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ya estaban «negociando» la renovación en la Fiscalía y que estaban llegando a «acuerdos» con Juan José Ríos Estavillo para un cambio en la FGE, ya que éste renunciaría de manera «voluntaria».

En este escenario, Ríos Estavillo sintió que el actual y el próximo Gobernador le estaban haciendo «manita de cochi» en las negociaciones; para ello, el Fiscal está tratando de obtener la mayor ventaja posible y sacarle mucha «raja» a la urgencia Rochista en sacarlo de la Fiscalía, aunque aún le restan 2 años para concluir su periodo.

Hoy se sabe, de acuerdo con versiones periodísticas, que entre esas «negociaciones» se encuentran varias peticiones que ha hecho Juan José Ríos Estavillo para ceder el puesto, renunciar y dejar libre la Fiscalía al próximo Gobernador.

A cambio, Ríos Estavillo ha solicitado al Congreso del Estado que se le jubile con sueldo de Magistrado del STJE, le hagan válida su antigüedad cuando fue titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de paso le sumen los años laborados en la Fiscalía, incluyendo los 2 años que le faltan para concluir su administración y que no trabajará formalmente, lo que es ilegal en el terreno laboral.

En esta lógica, el proceso para la renovación del Fiscal está en medio de un pantano, enlodado y manchado por el propio Gobenador electo.

En este sentido, todo proceso que se haga para elegir al nuevo Fiscal y quienes participen en dicho «proceso», deberán estar conscientes de que están dentro de un juego político y de antemano deberán saber que participan en un fraude en el que ya se sabe que hay un ganador, o mejor dicho, una ganadora: Sara Bruna Quiñónez, la próxima Fiscal por decisión e imposición del próximo Gobernador.

Rocha no cuidó las formas, no se respetó un procedimiento, ignoró e insultó a las instituciones encargadas del proceso legalmente establecido y se brincó toda formalidad política, dando paso a un cambio que se avizora accidentado e ilegal si se aceptan las condiciones del actual Fiscal, a quien muy probablemente se le acabó su oportunidad de salir «por las buenas» y ahora su salida podría ser «por las malas».